No todos los acuerdos de una comunidad de propietarios requieren el mismo tipo de mayoría. Instalar un ascensor, aprobar presupuestos o alquilar un local del edificio no son decisiones que se tomen de la misma forma ni con las mismas mayorías, y conocer esta información es clave para evitar impugnaciones y conflictos vecinales.
En este artículo vamos a ver qué mayorías establece la ley para la adopción de cada tipo de acuerdo por la junta de propietarios de una comunidad.
Formar parte de una comunidad de propiedad horizontal a veces plantea dudas como cuánto corresponde pagar en una derrama o qué peso tiene el voto en una junta de propietarios, y que encuentran respuesta en los conceptos de cuota de propiedad y coeficiente de participación.
Entender bien en qué se diferencian es esencial para reclamar los derechos como propietario en una comunidad y cumplir con las obligaciones que impone este régimen de propiedad.
La ley otorga a las comunidades de propietarios la facultad de autorregularse, siempre que se respeten los límites legales, estableciendo sus normas de funcionamiento, administración y gobierno, la distribución de los gastos entre los propietarios o las normas de uso de los elementos comunes y privativos.
Los estatutos son el instrumento adecuado para llevar a cabo esta regulación, como vamos a ver a continuación.
El arrendamiento de vivienda recibe una atención especial por parte del ordenamiento jurídico, dado que afecta a uno de los derechos fundamentales del ciudadano, como es la necesidad de vivienda.
Uno de los mecanismos que articula la ley para garantizar los derechos del inquilino es la de asegurar una duración mínima del contrato, lo que lleva a cabo mediante la prórroga obligatoria, como vamos a ver a continuación.
El contrato de arrendamiento es un documento clave a la hora de formalizar un alquiler de vivienda, y en el que hay que contemplar algunos aspectos relevantes que pueden influir positiva o negativamente en el futuro de la relación y en el ejercicio de distintos derechos a favor de arrendador e inquilino, como vamos a ver en este artículo.
Cuando se compra un inmueble, las partes pueden decidir fijar el precio por unidad de medida o bien establecer un precio a tanto alzado, lo que se conoce como compraventa de inmueble como cuerpo cierto.
Las implicaciones de elegir uno u otro sistema son diferentes, tal y como vamos a ver en este artículo.
La situación más habitual con relación a un usufructo sobre un inmueble es que exista un usufructuario y un nudo propietario, y por tanto queden claramente diferenciados los derechos y obligaciones de uno y otro.
Pero también puede ocurrir que el usufructo esté compartido con otra persona, en cuyo caso resulta más complicado concretar cuáles son los derechos y obligaciones de cada usufructuario, como vamos a ver a continuación.
El hecho de que el propietario de una vivienda arrendada para uso permanente quiera vender el inmueble no debe comportar que el inquilino quede desprotegido.
Por ello, la ley reconoce una serie de derechos al arrendatario frente a la intención del arrendador de enajenar el inmueble, que son los que se explican en las siguientes líneas.
Es lógico que al inquilino le preocupe saber qué puede ocurrir con el contrato de alquiler una vez que fallece el arrendador. Sin embargo, lo cierto es que la legislación actual es muy protectora cuando se trata de una vivienda con fines permanentes, dada la importancia de tal uso.
Para arrojar luz a este tema, en este artículo abordamos qué consecuencias tiene en el contrato de alquiler de vivienda el fallecimiento del arrendador.
Existen distintas situaciones que pueden generar que una propiedad se encuentre en régimen de comunidad ordinaria indivisa, como una herencia o la adquisición de un inmueble por parte de un matrimonio, por ejemplo.
Con independencia de qué la haya originado, siempre puede suceder que uno de los copropietarios o comuneros quiera vender su parte, mientras que el otro esté interesado en mantenerla. Veamos qué sucede en estos casos.
