Cuando se compra un inmueble, las partes pueden decidir fijar el precio por unidad de medida o bien establecer un precio a tanto alzado, lo que se conoce como compraventa de inmueble como cuerpo cierto.
Las implicaciones de elegir uno u otro sistema son diferentes, tal y como vamos a ver en este artículo.
La situación más habitual con relación a un usufructo sobre un inmueble es que exista un usufructuario y un nudo propietario, y por tanto queden claramente diferenciados los derechos y obligaciones de uno y otro.
Pero también puede ocurrir que el usufructo esté compartido con otra persona, en cuyo caso resulta más complicado concretar cuáles son los derechos y obligaciones de cada usufructuario, como vamos a ver a continuación.
El hecho de que el propietario de una vivienda arrendada para uso permanente quiera vender el inmueble no debe comportar que el inquilino quede desprotegido.
Por ello, la ley reconoce una serie de derechos al arrendatario frente a la intención del arrendador de enajenar el inmueble, que son los que se explican en las siguientes líneas.
Es lógico que al inquilino le preocupe saber qué puede ocurrir con el contrato de alquiler una vez que fallece el arrendador. Sin embargo, lo cierto es que la legislación actual es muy protectora cuando se trata de una vivienda con fines permanentes, dada la importancia de tal uso.
Para arrojar luz a este tema, en este artículo abordamos qué consecuencias tiene en el contrato de alquiler de vivienda el fallecimiento del arrendador.
Existen distintas situaciones que pueden generar que una propiedad se encuentre en régimen de comunidad ordinaria indivisa, como una herencia o la adquisición de un inmueble por parte de un matrimonio, por ejemplo.
Con independencia de qué la haya originado, siempre puede suceder que uno de los copropietarios o comuneros quiera vender su parte, mientras que el otro esté interesado en mantenerla. Veamos qué sucede en estos casos.
Cuando se tienen varios inmuebles y se plantea destinarlos al alquiler, se puede hacer como persona física sin más implicaciones, pero también existen otras opciones: hacerlo a través de una sociedad y como actividad económica o bajo la fórmula de lo que se suele denominar sociedad patrimonial (a pesar de no ser el nombre que actualmente recibe esta figura en la ley).
En este artículo vamos a centrarnos en esta última posibilidad, y explicaremos qué supone hoy en día y qué implicaciones fiscales tiene.
La Ley de Propiedad Horizontal prevé distintos medios para la resolución de controversias habituales en el seno de las comunidades de propietarios, siendo uno de ellos el juicio de equidad, reservado para casos muy concretos en los que se precisa de una solución adaptada a las circunstancias y para los que no existe una única respuesta legal.
A continuación, vamos a ver en qué casos se puede recurrir al juicio de equidad y cuáles son sus características.
Existen casos en los que, subastado judicialmente un inmueble, el propio ejecutante resulta ser quien puede adjudicárselo. Pero ello no significa que tenga interés en hacerlo, en cuyo caso, existe una solución prevista en el artículo 647.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la cesión de remate, figura que se explica en las siguientes líneas.
La compra de una vivienda es una operación económica de gran envergadura, por lo que resulta de vital importancia comprobar que el inmueble no tiene cargas que puedan suponer una mayor implicación para el adquirente, para no encontrárselas luego sorpresivamente y causarle problemas e incluso colocarlo en una situación complicada.
Por ello, en este artículo vamos a explicar cómo asegurarse de si una vivienda tiene cargas o no.
Al comprar una vivienda, el nuevo propietario se puede encontrar con que la comunidad de propietarios le reclame el pago de una derrama de la que no sabía nada, y de la que el vendedor se desentienda y diga que no le corresponde pagarla.
En esos casos, ¿qué puede hacer el comprador? ¿Quién es legalmente responsable de pagar esa derrama? Es lo que vamos a ver a continuación.
