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Algunas cooperativas, por su naturaleza, están destinadas a disolverse cuando cumplen con su objeto social, como es el caso de las cooperativas de vivienda, a menos que modifiquen su objeto para iniciar otra promoción o una actividad de servicios permanente.

Pero, además, la legislación catalana, al igual que la legislación general, contempla otros motivos por los cuales se puede disolver una cooperativa.

A continuación, aclaramos las dudas que pueden surgir en relación con la disolución y consecuente liquidación de una cooperativa de viviendas en Cataluña.

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Cataluña tiene su propia normativa en materia de cooperativas, que regula algunos aspectos de forma diferente a la legislación común.

La cooperativa de vivienda es una de las posibilidades contempladas en la ley catalana, al igual que en la legislación general española, y, en gran parte, su regulación es similar, aunque los trámites para crearla contienen algunas peculiaridades que vamos a ver a continuación. 

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La subasta judicial de inmuebles es un procedimiento de enajenación forzosa por el que se puede ejecutar un bien inmueble y destinar el dinero obtenido en la subasta para pagar una deuda. Dentro del procedimiento de subasta, la reserva de postura permite a postores no ganadores mantener su posibilidad de adjudicación si el mejor postor no paga en plazo. 

En este artículo vamos a ver en qué consiste la reserva de postura, cuál es su finalidad y qué efectos prácticos tiene.

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Las competencias sobre vivienda y urbanismo están en su mayor parte transferidas a las comunidades autónomas, por lo que cada una puede establecer su propia regulación, de aplicación preferente frente a la legislación estatal. No obstante, aún son de aplicación algunas condiciones básicas contempladas en el marco estatal.

Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a aclarar las dudas sobre qué normativa se aplica al concepto de gran tenedor en Cataluña y qué implicaciones prácticas tiene ser un gran tenedor.

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En un alquiler de vivienda, el inquilino representa la parte más vulnerable de la relación, y, por ese motivo, la legislación sobre arrendamientos urbanos es especialmente proteccionista con él. Entre las formas de proteger su posición se encuentra su mayor poder de decisión sobre la duración del arrendamiento, como se pone de manifiesto con las características de la prórroga obligatoria.

Sin embargo, también es posible que el arrendamiento finalice antes de lo esperado por voluntad unilateral del arrendador, siempre que se cumplan los requisitos que vamos a ver a continuación.

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La Ley de Arrendamientos Urbanos concede al inquilino una posición especialmente protegida frente al arrendador, por entender que constituye la parte más débil de la relación contractual.

Entre las medidas de protección que prevé la ley se encuentra la posibilidad de poner fin anticipadamente al contrato de arrendamiento, siempre que se cumplan ciertos requisitos legales y contractuales que vamos a ver a continuación.

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El impago de la renta es una de las causas más habituales de conflictos en los contratos de arrendamiento. Cuando se produce, el arrendador dispone de un mecanismo legal específico para proteger sus derechos: el procedimiento de desahucio por falta de pago. Este proceso no solo busca la recuperación del inmueble, sino también el cobro de las cantidades adeudadas.

En este artículo vamos a ver en qué momento se puede interponer la demanda de desahucio por impago y qué aspectos conviene tener en cuenta antes de hacerlo.

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Él fenómeno de la okupación se ha convertido en un problema de crecimiento exponencial en nuestra sociedad que el legislador ha tenido que afrontar con medidas más efectivas y contundentes de las que existían hace unos años. Como consecuencia, se creó en 2018 el conocido como desahucio express, que busca proporcionar a los propietarios de viviendas una solución civil ágil en caso de okupación.

En esta guía vamos a ver en qué consiste, quién puede iniciarlo y cuáles son los aspectos más destacables del desahucio express frente a okupas.

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La comunidad de bienes o propiedad indivisa constituye un régimen de propiedad en virtud del cual existen varios propietarios sobre un mismo bien, de modo que cada uno ostenta una cuota de propiedad sobre el mismo en lugar de una parte determinada y definida.

Esta situación genera una serie de derechos y obligaciones para los copropietarios que conviene tener en cuenta de cara a la posible venta de una cuota individual.

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El proceso de edificación de una vivienda de obra nueva es largo, y puede verse afectado por distintas circunstancias que alteren las condiciones que se pactaron en la compraventa. Una de ellas es la fecha de entrega, pero la ley protege al comprador en caso de retraso, y establece el alcance de la responsabilidad del promotor.

En este artículo vamos a ver en qué medida se puede actuar frente a un retraso en la entrega de la vivienda y cómo se puede reclamar ante los tribunales.

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