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El alquiler de habitaciones en Cataluña se ha convertido en una fórmula habitual para acceder a una vivienda en las grandes ciudades, dadas las dificultades para acceder a una vivienda completa, en alquiler o en propiedad. Sin embargo, a pesar de su creciente uso, esta modalidad carece a día de hoy de una regulación específica autonómica.

En este artículo vamos a ver qué normas se aplican actualmente al alquiler de habitaciones en Cataluña y a qué obligaciones hay que hacer frente para evitar conflictos o sanciones.

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Aunque el alquiler de temporada en Cataluña ha sido tradicionalmente objeto de una regulación flexible, en la actualidad ha pasado a ser una modalidad estrictamente regulada, con el fin de evitar abusos y proteger el acceso a la vivienda también cuando esta responde a una necesidad temporal.

A continuación vamos a ver cómo se regula este tipo de alquiler en Cataluña, cuáles son las obligaciones de los propietarios y qué consecuencias tiene el incumplimiento de los requisitos legales.

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La acción redhibitoria constituye uno de los mecanismos legales más relevantes para el comprador que detecta vicios ocultos en una vivienda adquirida. A diferencia del régimen común previsto en el Código Civil español, la legislación catalana se basa en el concepto de falta de conformidad del bien con el contrato, regulado en el Código Civil de Cataluña.

A continuación vamos a ver en qué consiste la conformidad del bien en el contexto de la compraventa de viviendas y cuándo puede el comprador ejercitar la acción redhibitoria.

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La adquisición de una vivienda puede verse frustrada cuando, tras la entrega, el comprador descubre la existencia de defectos graves que no eran apreciables a simple vista en el momento de la compraventa. En estos casos, el ordenamiento jurídico ofrece diversas vías de protección, entre las que se encuentra la acción quanti minoris, que permite reclamar una reducción proporcional del precio como compensación por los vicios ocultos detectados.

En el ámbito del derecho civil catalán, esta acción se enmarca en la regulación de la conformidad del bien al contrato, como vamos a ver a continuación.

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La construcción de un edificio es un proceso complejo en el que intervienen múltiples personas físicas y jurídicas, cada una con funciones y responsabilidades específicas. La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, regula de manera detallada tanto la participación de estos agentes como el régimen de responsabilidad civil derivado de su intervención en la edificación.

Este artículo expone el alcance de dicha responsabilidad conforme al marco normativo vigente.

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En las fases previas a la celebración de un contrato de compraventa, las partes pueden utilizar figuras contractuales auxiliares que les permiten asegurar ciertos compromisos sin formalizar todavía la transmisión de la propiedad. Entre estas figuras destacan el contrato de arras y el contrato de reserva, cuya naturaleza jurídica, alcance y consecuencias difieren sustancialmente, sobre todo en el ámbito del derecho catalán.

A continuación vamos a ver en qué consiste cada una y cuáles son sus principales diferencias.

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Las cuotas de comunidad son esenciales para garantizar el mantenimiento y funcionamiento adecuado de cualquier inmueble sujeto al régimen de propiedad horizontal. Por ello, el impago de estas cuotas puede causar desequilibrios financieros que afectan al conjunto de propietarios. En estos casos, la ley permite a la comunidad iniciar un proceso de reclamación que puede pasar por medios extrajudiciales y judiciales.

A continuación vamos a ver para qué sirven las cuotas de la comunidad de propietarios y cómo puede actuar la comunidad de propietarios ante un propietario moroso.

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Desde abril de 2025, la ley impone un requisito adicional antes de poder acudir a la vía judicial para resolver las controversias en el ámbito civil y mercantil: el intento de solución extrajudicial ante un medio de negociación legalmente reconocido. 

Este requisito cobra especial importancia en los conflictos surgidos en el área del derecho inmobiliario, como vamos a ver a continuación.

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Cuando un inquilino deja de pagar el alquiler, el arrendador puede iniciar un procedimiento legal para recuperar su vivienda o local. Este proceso, conocido como desahucio por falta de pago, está regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil y permite reclamar tanto las rentas impagadas como la restitución del inmueble.

En esta guía explicamos en qué consiste este procedimiento, qué requisitos hay que cumplir y cuáles son los pasos que deben seguirse para llevarlo a cabo con todas las garantías legales.

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La enervación del desahucio es una herramienta legal prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil que permite al arrendatario evitar el desalojo por impago de rentas, siempre que cumpla determinados requisitos. Su correcta comprensión es esencial para valorar las opciones disponibles en un procedimiento de desahucio.

A continuación vamos a ver qué es la enervación del desahucio y en qué casos es posible ejercitarla.

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