El auge de los llamados contratos de multipropiedad se produjo entre los años ochenta y la primera década de los dos mil, en parte como fruto de una estrategia de marketing agresivo, y muchos de los consumidores que se adhirieron a uno de estos contratos se encontraron más adelante con que las condiciones para desvincularse de ellos eran complicadas y poco claras.
Sin embargo, esta figura ha sido objeto de una regulación cada vez más restrictiva y proteccionista del consumidor que, complementada con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, prevé la posibilidad de finalizar la relación contractual en determinados supuestos.
