Es lógico que al inquilino le preocupe saber qué puede ocurrir con el contrato de alquiler una vez que fallece el arrendador. Sin embargo, lo cierto es que la legislación actual es muy protectora cuando se trata de una vivienda con fines permanentes, dada la importancia de tal uso.
Para arrojar luz a este tema, en este artículo abordamos qué consecuencias tiene en el contrato de alquiler de vivienda el fallecimiento del arrendador.
Existen distintas situaciones que pueden generar que una propiedad se encuentre en régimen de comunidad ordinaria indivisa, como una herencia o la adquisición de un inmueble por parte de un matrimonio, por ejemplo.
Con independencia de qué la haya originado, siempre puede suceder que uno de los copropietarios o comuneros quiera vender su parte, mientras que el otro esté interesado en mantenerla. Veamos qué sucede en estos casos.
Cuando se tienen varios inmuebles y se plantea destinarlos al alquiler, se puede hacer como persona física sin más implicaciones, pero también existen otras opciones: hacerlo a través de una sociedad y como actividad económica o bajo la fórmula de lo que se suele denominar sociedad patrimonial (a pesar de no ser el nombre que actualmente recibe esta figura en la ley).
En este artículo vamos a centrarnos en esta última posibilidad, y explicaremos qué supone hoy en día y qué implicaciones fiscales tiene.
La Ley de Propiedad Horizontal prevé distintos medios para la resolución de controversias habituales en el seno de las comunidades de propietarios, siendo uno de ellos el juicio de equidad, reservado para casos muy concretos en los que se precisa de una solución adaptada a las circunstancias y para los que no existe una única respuesta legal.
A continuación, vamos a ver en qué casos se puede recurrir al juicio de equidad y cuáles son sus características.
Existen casos en los que, subastado judicialmente un inmueble, el propio ejecutante resulta ser quien puede adjudicárselo. Pero ello no significa que tenga interés en hacerlo, en cuyo caso, existe una solución prevista en el artículo 647.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la cesión de remate, figura que se explica en las siguientes líneas.
La compra de una vivienda es una operación económica de gran envergadura, por lo que resulta de vital importancia comprobar que el inmueble no tiene cargas que puedan suponer una mayor implicación para el adquirente, para no encontrárselas luego sorpresivamente y causarle problemas e incluso colocarlo en una situación complicada.
Por ello, en este artículo vamos a explicar cómo asegurarse de si una vivienda tiene cargas o no.
Al comprar una vivienda, el nuevo propietario se puede encontrar con que la comunidad de propietarios le reclame el pago de una derrama de la que no sabía nada, y de la que el vendedor se desentienda y diga que no le corresponde pagarla.
En esos casos, ¿qué puede hacer el comprador? ¿Quién es legalmente responsable de pagar esa derrama? Es lo que vamos a ver a continuación.
La plusvalía municipal, o impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, es un impuesto que grava el aumento de valor que experimentan algunos inmuebles y que se pone de manifiesto cuando se transmiten.
Se trata de un impuesto de titularidad municipal que debe ser regulado por los ayuntamientos en sus correspondientes ordenanzas fiscales, tal y como se ha hecho para el municipio de Barcelona, como vamos a ver en esta guía.
Los alquileres de renta antigua son los que se celebraron antes del 9 de mayo de 1985, al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, ya derogada. Sin embargo, sigue siendo de aplicación a los contratos que aún siguen vigentes.
A continuación, vamos a dar respuesta a las dudas que surgen sobre el futuro de un contrato de alquiler de renta antigua cuando fallece el inquilino.
La antigua ley de arrendamientos urbanos, de 1964, establecía un régimen de protección del inquilino por el cual este podía ver renovado su alquiler de forma casi indefinida, si era su deseo.
Actualmente, aunque esa ley fue derogada, sigue aplicándose a los contratos de arrendamiento celebrados bajo su vigencia, y en ella se establecen las causas que autorizan al arrendador a resolver el contrato y a echar al inquilino.
