La enervación del desahucio es una herramienta legal prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil que permite al arrendatario evitar el desalojo por impago de rentas, siempre que cumpla determinados requisitos. Su correcta comprensión es esencial para valorar las opciones disponibles en un procedimiento de desahucio.
A continuación vamos a ver qué es la enervación del desahucio y en qué casos es posible ejercitarla.
El desahucio por precario es una herramienta jurídica que permite al propietario de un inmueble recuperar su posesión cuando este está siendo ocupado sin un título legal que lo justifique.
A diferencia de otras formas de desahucio, como las que derivan del impago de la renta o de la finalización de un contrato de arrendamiento, el precario se basa en una situación de mera tolerancia que puede revocarse en cualquier momento.
No todos los acuerdos de una comunidad de propietarios requieren el mismo tipo de mayoría. Instalar un ascensor, aprobar presupuestos o alquilar un local del edificio no son decisiones que se tomen de la misma forma ni con las mismas mayorías, y conocer esta información es clave para evitar impugnaciones y conflictos vecinales.
En este artículo vamos a ver qué mayorías establece la ley para la adopción de cada tipo de acuerdo por la junta de propietarios de una comunidad.
Formar parte de una comunidad de propiedad horizontal a veces plantea dudas como cuánto corresponde pagar en una derrama o qué peso tiene el voto en una junta de propietarios, y que encuentran respuesta en los conceptos de cuota de propiedad y coeficiente de participación.
Entender bien en qué se diferencian es esencial para reclamar los derechos como propietario en una comunidad y cumplir con las obligaciones que impone este régimen de propiedad.
La ley otorga a las comunidades de propietarios la facultad de autorregularse, siempre que se respeten los límites legales, estableciendo sus normas de funcionamiento, administración y gobierno, la distribución de los gastos entre los propietarios o las normas de uso de los elementos comunes y privativos.
Los estatutos son el instrumento adecuado para llevar a cabo esta regulación, como vamos a ver a continuación.
El arrendamiento de vivienda recibe una atención especial por parte del ordenamiento jurídico, dado que afecta a uno de los derechos fundamentales del ciudadano, como es la necesidad de vivienda.
Uno de los mecanismos que articula la ley para garantizar los derechos del inquilino es la de asegurar una duración mínima del contrato, lo que lleva a cabo mediante la prórroga obligatoria, como vamos a ver a continuación.
El contrato de arrendamiento es un documento clave a la hora de formalizar un alquiler de vivienda, y en el que hay que contemplar algunos aspectos relevantes que pueden influir positiva o negativamente en el futuro de la relación y en el ejercicio de distintos derechos a favor de arrendador e inquilino, como vamos a ver en este artículo.
Cuando se compra un inmueble, las partes pueden decidir fijar el precio por unidad de medida o bien establecer un precio a tanto alzado, lo que se conoce como compraventa de inmueble como cuerpo cierto.
Las implicaciones de elegir uno u otro sistema son diferentes, tal y como vamos a ver en este artículo.
La situación más habitual con relación a un usufructo sobre un inmueble es que exista un usufructuario y un nudo propietario, y por tanto queden claramente diferenciados los derechos y obligaciones de uno y otro.
Pero también puede ocurrir que el usufructo esté compartido con otra persona, en cuyo caso resulta más complicado concretar cuáles son los derechos y obligaciones de cada usufructuario, como vamos a ver a continuación.
El hecho de que el propietario de una vivienda arrendada para uso permanente quiera vender el inmueble no debe comportar que el inquilino quede desprotegido.
Por ello, la ley reconoce una serie de derechos al arrendatario frente a la intención del arrendador de enajenar el inmueble, que son los que se explican en las siguientes líneas.
