Formar parte de una comunidad de propiedad horizontal a veces plantea dudas como cuánto corresponde pagar en una derrama o qué peso tiene el voto en una junta de propietarios, y que encuentran respuesta en los conceptos de cuota de propiedad y coeficiente de participación.
Entender bien en qué se diferencian es esencial para reclamar los derechos como propietario en una comunidad y cumplir con las obligaciones que impone este régimen de propiedad.
La ley otorga a las comunidades de propietarios la facultad de autorregularse, siempre que se respeten los límites legales, estableciendo sus normas de funcionamiento, administración y gobierno, la distribución de los gastos entre los propietarios o las normas de uso de los elementos comunes y privativos.
Los estatutos son el instrumento adecuado para llevar a cabo esta regulación, como vamos a ver a continuación.
El arrendamiento de vivienda recibe una atención especial por parte del ordenamiento jurídico, dado que afecta a uno de los derechos fundamentales del ciudadano, como es la necesidad de vivienda.
Uno de los mecanismos que articula la ley para garantizar los derechos del inquilino es la de asegurar una duración mínima del contrato, lo que lleva a cabo mediante la prórroga obligatoria, como vamos a ver a continuación.
El contrato de arrendamiento es un documento clave a la hora de formalizar un alquiler de vivienda, y en el que hay que contemplar algunos aspectos relevantes que pueden influir positiva o negativamente en el futuro de la relación y en el ejercicio de distintos derechos a favor de arrendador e inquilino, como vamos a ver en este artículo.
Cuando se compra un inmueble, las partes pueden decidir fijar el precio por unidad de medida o bien establecer un precio a tanto alzado, lo que se conoce como compraventa de inmueble como cuerpo cierto.
Las implicaciones de elegir uno u otro sistema son diferentes, tal y como vamos a ver en este artículo.
El hecho de que el propietario de una vivienda arrendada para uso permanente quiera vender el inmueble no debe comportar que el inquilino quede desprotegido.
Por ello, la ley reconoce una serie de derechos al arrendatario frente a la intención del arrendador de enajenar el inmueble, que son los que se explican en las siguientes líneas.
Es lógico que al inquilino le preocupe saber qué puede ocurrir con el contrato de alquiler una vez que fallece el arrendador. Sin embargo, lo cierto es que la legislación actual es muy protectora cuando se trata de una vivienda con fines permanentes, dada la importancia de tal uso.
Para arrojar luz a este tema, en este artículo abordamos qué consecuencias tiene en el contrato de alquiler de vivienda el fallecimiento del arrendador.
Existen distintas situaciones que pueden generar que una propiedad se encuentre en régimen de comunidad ordinaria indivisa, como una herencia o la adquisición de un inmueble por parte de un matrimonio, por ejemplo.
Con independencia de qué la haya originado, siempre puede suceder que uno de los copropietarios o comuneros quiera vender su parte, mientras que el otro esté interesado en mantenerla. Veamos qué sucede en estos casos.
La Ley de Propiedad Horizontal prevé distintos medios para la resolución de controversias habituales en el seno de las comunidades de propietarios, siendo uno de ellos el juicio de equidad, reservado para casos muy concretos en los que se precisa de una solución adaptada a las circunstancias y para los que no existe una única respuesta legal.
A continuación, vamos a ver en qué casos se puede recurrir al juicio de equidad y cuáles son sus características.
Existen casos en los que, subastado judicialmente un inmueble, el propio ejecutante resulta ser quien puede adjudicárselo. Pero ello no significa que tenga interés en hacerlo, en cuyo caso, existe una solución prevista en el artículo 647.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la cesión de remate, figura que se explica en las siguientes líneas.
